Desde los albores del constitucionalismo democrático, se afirma que los tribunales son instituciones inherentemente débiles y, por ello, las posibilidades de limitar a sus contrapartes elegidas democráticamente, por medio del control de constitucionalidad, serían pocas. Sin embargo, el caso de la Corte Constitucional de Colombia desafía esta afirmación dado que en varias sentencias ha limitado el poder de presidentes al cuestionar la constitucionalidad de reformas constitucionales importantes para la agenda gubernamental (como reelección presidencial y paz). Este artículo pretende explicar las razones jurídico-políticas que han hecho que el control judicial de las reformas en Colombia haya sido un instrumento realmente efectivo para la limitación del poder presidencial. Concretamente, el artículo sostiene que la existencia de una arquitectura constitucional adecuada, condiciones político-culturales favorables y una estrategia judicial prudente, le permitió a la Corte Constitucional limitar a un actor mucho más poderoso como el presidente.