España es un país con un modelo de atención y bienestar social basado en los derechos humanos, cuyo objetivo entre otros es la no discriminación y la igualdad de oportunidades. Tradicionalmente las personas con discapacidad o diversidad funcional han estado sujetas de prejuicios, encontrándose en muchas circunstancias en situación de vulnerabilidad social, sufriendo discriminación y exclusión con una disminución en su calidad de vida y con problemas para acceder a determinados servicios, productos y lugares. Por lo tanto, creemos que es fundamental tener en cuenta que hay que mejorar constantemente y de forma inmediata y exponencial, la situación de los entornos productos y servicios destinados a combatir o paliar de alguna manera los distintos grados de discapacidad. Y esa mejora puede aparecer desde la aplicación y desarrollo del concepto Accesibilidad Universal. Es necesario por tanto reflexionar sobre si nuestra sociedad está siendo capaz de desarrollar y realizar acciones e intervenciones administrativas, legislativas, políticas, económicas, educativas y de información y concienciación social, etc., en lo concerniente a la Accesibilidad Universal y la Diversidad Funcional. Por otra parte, las deficiencias de nuestra sociedad y la falta de solidaridad e implementación en la puesta en marcha y mantenimiento de las políticas orientadas hacia las personas con diversidad funcional es a veces un importante hándicap para el correcto cuidado de estos. Esto hace que nuestra sociedad no aparezca como justa, equitativa, global, responsable y garante de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos por igual ante cualquier tipo de discapacidad.