La "litigación de Lago Agrio" ejemplifica la fragmentación de la tutela efectiva de los particulares en el ámbito de la litigación civil transnacional por daños medioambientales. Más de cinco jurisdicciones nacionales se han visto implicadas hasta ahora en el supuesto: unas en virtud de una solicitud de tutela declarativa, otras por la petición de exequátur de la decisión ecuatoriana en otros Estados. Además, las partes (a veces una, a veces otra) han puesto en marcha tres vías distintas de resolución de controversias: la judicial ante los tribunales domésticos, la arbitral en el marco del arbitraje de inversiones y una internacional destinada a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los Estados. Un escenario tan complejo da pie a numerosas preguntas. El presente trabajo surge de la duda sobre el funcionamiento armónico de las múltiples instancias accesibles a los diferentes actores, abordando sin pretensión de exhaustividad la cuestión del "reparto" de causas y argumentos ante ellas.