Las nuevas guerras asociadas al tercer nivel, esto es, a los Estados débiles inmersos en conflictos armados, constituyen un singular caldo de cultivo para los tratantes de seres humanos, verbigracia terroristas y criminales, cuyo objetivo más simple son los menores. La necesidad de conjugar la lucha contra la impunidad de los autores de este abominable mercantilismo humano y la necesidad de proteger a las víctimas en los entornos de emergencia repentina (singularmente niños y niñas) justifican el examen de la trata de la infancia desde un enfoque basado en los derechos humanos. En particular, a la luz de la obligación estatal de prevención -cuya génesis se enraíza en la diligencia debida que se requiere de un Estado en su territorio- y de la hipótesis inacabada de la responsabilidad de proteger en el marco de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional a los que pueden dar lugar ciertas violaciones de derechos humanos cometidas en el entorno de la trata.