El Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), y lo regulado en materia de consumidor financiero mediante la Ley 1328 de 2009, marcaron un enfoque hacia la protección de los consumidores: por un lado, mediante la acción de protección al consumidor del artículo 56 del Estatuto del consumidor, y, por otro, al facultar de funciones jurisdiccionales a la Superintendencia Financiera de Colombia, en el artículo 57 de la misma norma. El presente artículo se enfocará en el estudio de la relación de consumo existente entre la entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera y el consumidor financiero, y en brindar una visión acerca de la protección estatal existente actualmente para el consumidor financiero, en relación con los posibles abusos o limitación en sus derechos. Para ello, se analizarán aspectos relacionados con el deber legal de información -el cual recae sobre las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera- y cuál es su eficacia y efectividad en la práctica para los consumidores del sector. Igualmente, se hará un análisis con respecto a la estipulación de cláusulas abusivas por parte de las entidades vigiladas y sobre cuáles son los posibles mecanismos de protección a los que puede recurrir el consumidor financiero, en caso de ver transgredidos sus derechos.