El estudio de todos los programas de ayudas a víctimas de delitos violentos en España (legislación y literatura científica) revela muy distintos desarrollos en cada ámbito delictivo (terrorismo, otros delitos violentos y contra la libertad sexual, y violencia de género y doméstica), que privilegian extraordinariamente a las víctimas de terrorismo, contrastando con un apoyo muy cicatero a todo el resto. La diferencia de trato a víctimas con el mismo daño es tremenda, y no sólo en aspectos materiales, también en los de reconocimiento y educación social. He indagado qué razones se esgrimen para justificar esa inequidad. La victimización terrorista, dicen, es la del inocente instrumentalizado por antonomasia; implícitamente asignan cuotas de culpa a las demás víctimas, carentes de la idealidad victimal que recibe reconocimiento y apoyo. El patriarcado y sus reformulaciones reaccionarias llevan la milenaria presunción de culpabilidad de las mujeres al extremo, niegan a sus víctimas el reconocimiento, cuestionando su legitimidad para acceder a las escasas medidas de apoyo previstas por la ley, y cuestionan la propia Ley Integral, con efectos funestos. Mientras, las ayudas y apoyos para atender a las víctimas de terrorismo no han cesado de aumentar. Pero al analizar el concepto de terrorismo, sus rasgos definitorios resultan igualmente aplicables al terrorismo machista: es violencia directa, genera dinámicas de terror, tiene intencionalidad política y se ejerce con respaldo de una organización (la mayor de todas, ahí el gran problema). Es preciso un análisis profundo y una mirada global, que atienda equitativamente a todas las víctimas en función del daño recibido y sus necesidades, y se desmarque del populismo penal (punitivismo exacerbado), que englobe a las víctimas, los victimarios y las circunstancias sociales, que centre el foco en la prevención, educación y corresponsabilidad social.