El 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP con el que se puso fin un conflicto que había durado más de 50 años. La firma del Acuerdo no solo daba fin a las hostilidades, sino que pretendía abrir la puerta a la reforma de muchos aspectos sociales que se encontraban en el origen del conflicto. Tres años después, los avances en las reformas propuestas han sido limitados y se mantienen muchos de los factores en los que la confrontación enterraba sus raíces. A la conflictividad social y política no resuelta por el Acuerdo, se une la presencia de grupos armados organizados que solapan y complementan sus actividades con estructuras del crimen organizado transnacional, comprometiendo la seguridad y actuación del Estado de acuerdo con el modelo de insurgencia criminal. La combinación del conjunto de todos estos factores genera una falta de estabilidad que crea ciertas dudas sobre la viabilidad de la paz en Colombia a medio y largo plazo.