El Tribunal Supremo ha establecido que la normativa vigente en materia de protección de datos no se opone a la utilización, por parte de la Administración tributaria, de datos personales de terceras personas diferentes al obligado tributario, con el objetivo de motivar una liquidación tributaria, en la medida en que dicho tratamiento se considera lícito, pues está fundado en la gestión eficiente de la recaudación tributaria y en la persecución del fraude fiscal.