Este artículo tiene como objetivo, demostrar que en Colombia la regulación en materia de consumo presenta deficiencias en la efectividad del principio pro consumatore, por el desarrollo de un proceso verbal sin la ejecución material del derecho sustancial. En consecuencia, se identificará el vacío normativo en la solución de disputas judiciales y extrajudiciales, para lo cual se plantea la inclusión del proceso ejecutivo simplificado como alternativa para la celeridad del derecho sustancial, consolidando el estado actual de la mediación dentro de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en materia de protección al consumidor y su desarrollo en el comercio electrónico. La metodología se concentra, en la adecuación armónica de la dogmática y la lege ferenda planteadas por el profesor Christian Courtis, que surge de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, para dirimir las controversias de consumo electrónico y su intervención como mediador en las reclamaciones presentadas por los consumidores. En consecuencia, el desarrollo del proyecto de Ley No. 584 de 2021 que actualmente cursa en el Congreso de la República en unión con la adopción del proceso ejecutivo simplificado, concentran los principios de eficiencia, transparencia e imparcialidad en la materia objeto de estudio.