Este artículo analiza críticamente los puntos clave de la propuesta de Reglamento Europeo sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas en materia penal. El texto presenta puntos en común con otros mecanismos de cooperación judicial, como el sustento en la confianza mutua. Sin embargo, da un paso más allá en el proceso de ejecución de las órdenes emitidas y la configuración de las mismas. El mecanismo se hace eco del tenso debate entre eficacia procesal y garantías de los procesados.