El análisis de la normativa vigente, comandada por los arts. 104 y 126 CE, evidencian que, lejos de crearse un cuerpo específico y diferenciado de Policía Judicial, coexisten en la actualidad en España los dos modelos, Policía Judicial Genérica y Policía Judicial Específica. Los intentos de reforma global de la centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal que se han sucedido en los últimos años han quedado detenidos ante el obstáculo insalvable de conjugar dos aspectos antagónicos, referidos ambos al Ministerio Público, a saber, la premisa obligatoria de trasladar al Fiscal la dirección de la investigación penal, cuestión de la mayor importancia para el trabajo policial, unida a la evidencia de que su diseño actual es incompatible con las exigencias de imparcialidad y autonomía que impone el desempeño de aquella función. Al propio tiempo, en lo que respecta al papel reservado a la Policía Judicial, los proyectos publicados hasta ahora manejan modelos radicalmente diferentes, basados en un concepto meramente funcional o bien en un concepto funcional y orgánico.