Las sociedades laborales encuentran su fundamento constitucional en el artículo 129.2 de la C.E. que obliga a los poderes públicos a fomentar la participación de los trabajadores en las empresas así como su acceso a la titularidad de los medios de producción. Entre las distintas medidas capaces de realizar este impulso, las tributarias debieran ser de las más importantes. El régimen fiscal de las sociedades laborales se contiene tanto en la Ley 4/1997, de 24 de marzo, como en las distintas normas que vertebran el sistema tributario español. Este artículo pretende analizar el grado de cumplimiento del referido mandato constitucional y ofrecer alternativas que coadyuven en la obtención de los objetivos que como entidades de economía social se les suponen a las sociedades laborales.