La Ley sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, aprobada el 21 de julio de 2011, supondrá, pese a algunas mejoras parciales introducidas en su tramitación, un retroceso social general y ensanchará la brecha entre las condiciones de vida de hombres y mujeres en perjuicio de éstas. Las reformas aprobadas no responden a una ineludible necesidad impuesta por una evolución demográfica «natural» sino a una opción política y social, que renuncia a priori a revisar la financiación del sistema y la fiscalidad, o a promover políticas de igualdad, que podrían influir sobre la evolución demográfica y la tasa de actividad, o políticas públicas de empleo, dejando como único camino los recortes sociales. Lo que está en juego no es la distribución de la riqueza entre la población activa y la población jubilada, sino la distribución de la riqueza y del poder entre la gente corriente y las élites.