La concepción sobre el trabajo infantil ha mudado enormemente a lo largo de los siglos. En el caso español, hubo una asunción temprana por parte de los poderes públicos de la necesidad de su erradicación. Ello se tradujo en la aprobación de una legislación progresista desde finales del siglo xix, continuada por el franquismo, si bien, en contraste con la legislación internacional, se mantuvieron algunas lagunas legislativas en la normativa franquista, además de un marcado sexismo en las diversas disposiciones. Sin embargo, la aplicación práctica de la legislación proteccionista demoró. Ello fue debido a algunos factores como la política autárquica del Régimen en una primera etapa, el límite de escolaridad obligatoria —unido a las bajas tasas de escolarización y asistencia a la escuela—, las migraciones a los centros urbanos en los años 60 y 70, así como el clasismo y el sexismo.