50 años después de la promulgación de la Ley de Reforma Urbana, que canceló los procesos de especulación urbana en Cuba, en el año 2011 el gobierno de Raúl Castro modificó la Ley de la Vivienda abriendo la posibilidad de la libre compraventa de viviendas y, con ello, el funcionamiento de un creciente mercado inmobiliario. Ocho años después de esa medida ya comienzan a percibirse los efectos en la geografía social y económica de las ciudades y se evidencian las carencias legislativas y tributarias de un marco regulatorio concebido para otra realidad socioeconómica. Es urgente la actualización de la normativa jurídica, el perfeccionamiento del registro y el catastro urbano, así como la introducción de nuevos instrumentos fiscales que controlen los incipientes procesos de gentrificación urbana.