En principio, desde un enfoque tridimensional, se presenta los hechos que justifican el derecho y su mejora a la luz de los valores y principios constitucionales, a partir del cual se analiza la realidad peruana en sus aspectos débiles y fallas institucionales, que a modo de hipótesis proponemos que condicionan la (re)producción de estructuras inconstitucionales en el Estado; luego, pasamos revista —en parte— de la jurisprudencia comparada nacional, que testimonian la colaboración de los jueces con el poder político, en la superación solidaria y dialógica desde lo jurisdiccional, de los déficit de constitucionalidad en la gobernanza, lo que incluiría a entidades privadas si a ello contribuyen. Finalmente, desarrollamos los aportes doctrinarios, normativos y jurisprudenciales que fundamentan nuestra propuesta, de interdicción de los casos de arbitrariedad generalizada, que afectan a grandes sectores de la población, mediante la técnica procesal de la declaración de estados de cosas inconstitucional y la represión de actos lesivos homogéneos.