Con la apertura económica de los años 90, Colombia ha venido experimentando una crisis política, social y ambiental, que se expresa en desigualdad, corrupción y pobreza, en acumulación de capitales y reformas fiscales con mayores privilegios tributarios para la clase empresarial y cargas para la clase media, en una brecha creciente entre de ingresos entre los escenarios rurales y urbanos, en grandes pasivos ambientales, y en violencia, desplazamiento de campesinos y conflictos por acaparamiento de tierras y actividades ilegales (coca y minería). Todo esto que ha conducido a una inconformidad con el modelo económico, social y ambiental, obliga a considerar estrategias que podrían enderezar el rumbo a través de la equidad, empezando por una reforma agraria, una política de preservación ambiental y mayor inversión en educación para desplegar oportunidades formando en competencias de cara a la nueva sociedad del conocimiento