El urbanismo fue una de las primeras competencias de las Comunidades Autónomas, hace ya más de cuarenta años. Desde entonces estas han buscado su lugar entre los poderes local y central, entre el protagonismo municipal en las decisiones sobre el uso del suelo, y la influencia del gobierno central en la fiscalidad y en el despliegue de las infraestructuras. Tras un periodo de práctica inercial, en 1997 el Tribunal Constitucional obligó a abordar un proceso normativo, que se ha generalizado, quizá con exceso. Y en los años siguientes la Jurisprudencia y la Academia han reclamado la ordenación del territorio, esto es, la planificación a escala regional o supramunicipal, en la que el éxito autonómico ha sido menor. En este texto el caso de Castilla y León se utiliza como ejemplo y espejo de las demás comunidades, evocando la evolución de los enfoques en diferentes periodos.