El cuerpo médico colombiano no puede ser indiferente ante la crisis que afecta negativamente la prestación de los servicios de salud en nuestro medio, cuya causa más importante se identifica con la distorsionada implementación, reglamentación y ejecución de la ley 100 de 1993. La reforma que ésta introdujo con plausible orientación y excelentes propósitos sociales, ha resultado además, en grave demérito de la medicina como profesión y como ciencia por cuanto la ha convertido en un instrumento idóneo para auspiciar el beneficio económico de una intermediación burocrática que con criterio comercial y ánimo de lucro particular, la manipula y explota en detrimento de pacientes y médicos.