En estos dos trabajos se analiza la compatibilidad de las reformas propuestas en el Anteproyecto de 2008 (de reforma del Código penal de 1995) con las exigencias de un Derecho penal racional: primero en términos generales y después, concretamente, en el ámbito de los llamados delitos urbanísticos. En ambos casos se llega a la conclusión de que el Anteproyecto de 2008 no responde a esas exigencias; sino que se limita a traducir la política criminal autoritaria que se demanda con ocasión de determinados casos escandalosos, sin reparar en si las concretas reformas son necesarias, útiles y compatibles con la Constitución de 1978.