La situación de violencia institucionalizada es anticristiana, “por más que los responsables de ella se empeñen en profesar de palabra su cristianismo”: el documento hace una larga enumeración de violencias de los derechos: asesinatos, fusilamientos, torturas, detenciones arbitrarias, rechazo al derecho del “Habeas Corpus” y de la defensa legal de los presos políticos, atentados contra la libertad de expresión, contra el derecho de asociación, etc. Se persigue sistemáticamente a todo el que disiente de las medidas del gobierno: se tilda de extremista, comunista o guerrillero a los opositores del gobierno. Se olvida que la paz solo se obtiene creando un orden nuevo que comparta una justicia más prefecta entre los hombres, y que “la oposición ejercida por los grupos de poder pueda dar impresión de mantener la paz y el orden, pero en realidad no es sino el German continuo e inevitable de rebeliones y guerras” (CELAM, Medellin, Paz, 14a).