La actual sociedad colombiana es descrita como una donde el uso de la violencia en la transformación de los conflictos es recurrente y privilegiada. Ello ocurre tanto en el plano estatal como en la intimidad familiar, incluyendo variadas relaciones personales y del día a día. Lo anterior constituye un objeto de preocupación pública y académica, que comúnmente equipara la violencia con la maldad. Algunos estudios asumen la violencia como corruptora del orden social, señalando el deber de algunas agencias por controlar aquel flagelo. Los agentes estatales buscan domesticar al perpetrador a través de intervenciones racionales, que suponen utopías justificadas en nombre del derecho, la ciencia y la religión. Otros estudios abordan la violencia como una expresión indeseada de los conflictos, que contribuye a la ruptura del paradigma social de la convivencia, que debe ser restablecido mediante acciones no-violentas. Hay acercamientos que resaltan las emociones y sensaciones que envuelven la teatralidad del momento disruptivo y sus huellas en la memoria, resaltando el drama humano y los testimonios. Por último, existen interpretaciones centradas en la relación víctima-victimario, reduciendo problemáticas sociales a responsabilidades individuales enmarcadas en la resiliencia y la reparación. Estas posturas han tenido incidencia en los discursos sociales y políticos sobre la opresión, la vulneración y la desigualdad, así como en la construcción y aplicación de políticas públicas para la paz y la seguridad.