Colombia y Ecuador son ricos en recursos naturales y particularmente cuentan con grandes áreas cubiertas de bosques. Gran parte de estos territorios sirve de hábitat de comunidades campesinas y étnicas, prestan múltiples servicios ecosistémicos y juegan un papel determinante en la lucha contra el cambio climático. Dicha riqueza se contrasta con altas cifras de deforestación y degradación de los suelos, generadas por factores como la tala ilegal, la expansión de la frontera agrícola y ganadera, la minería, entre otros. Muchas comunidades rurales basan sus economías en la comercialización de productos de flora y fauna silvestre, maderables y no maderables. Lograr el balance entre la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales es un reto de enormes magnitudes ambos países. El presente artículo plantea que la garantía de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia ambiental en asuntos forestales, fortalece la gobernanza de los bosques y genera beneficios económicos, sociales y ambientales, para el Estado, el sector privado y las comunidades. Incorporar a los diferentes actores de la cadena forestal en la gestión y administración de los bosques contribuirá a reducir el número de conflictos ambientales de este sector en Colombia y Ecuador.