La Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP) es la única que ha subsistido a tres constituciones, siendo catalogada hasta hoy como una ley preconstitucional. La LEIFEP con el paso del tiempo y su aplicación ha demostrado ser una normativa con algunas carencias desde lo administrativo y lo sancionatorio, extendiéndose hasta aspectos procesales, específicamente en lo relativo a los medios de impugnación. El articulo propone, a partir de lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de la LEIFEP, analizar y describir si las reglas a las cual remite la LEIFEP al proceso común generan inconsistencias sustanciales en el trámite de la apelación como único medio de impugnación, apoyado en una serie de resoluciones judiciales en las que se han descubierto antinomias o contradicciones normativas entre la LEIFEP y el Código de Procedimientos Civiles (CPrC) hoy Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), en lo concerniente a la impugnabilidad objetiva dentro del proceso judicial y la competencia funcional u objetiva para resolver de los recursos. Para comprender estas antinomias, se compara el articulado de las tres normativas citadas previamente, para concluir con base en la jurisprudencia, la LEIFEP y el CPCM, que para colmar los vacíos de la LEIFEP, en la antinomia de impugnabilidad objetiva no procede la heterointegración del CPCM, mientras que en la antinomia de la competencia funcional, si es procedente la heterointegración de la citada norma procesal, no obstante a que, a la luz de documentos históricos del legislador de 1959, se estableciera el órgano competente de resolverlo y su por qué, conclusiones que previsiblemente deben considerarse para la emisión de la nueva Ley de Enriquecimiento sin justa causa de Funcionarios y Empleados Públicos (LECAFE).