La sentencia dictada en el orden penal en el caso de La Manada plantea diversas cuestiones relacionadas con el ámbito constitucional. Una primera es la relativa a la sujeción del tribunal sentenciador a los principios de independencia y responsabilidad y, por ende, al principio de neutralidad. Aunque la sentencia no es reprochable a la luz de estos principios, muestra una notable incoherencia entre los hechos que declara probados y la calificación penal. Por otra parte, el contenido del voto particular plantea la cuestión de la libertad de expresión del juez cuando ejerce funciones jurisdiccionales y obliga a interrogarse sobre el sistema de selección de jueces en España. Finalmente, el impacto social de esta sentencia incita a reflexionar sobre dos temas: la patología de los llamados juicios paralelos y la responsabilidad de algunos medios de comunicación, especialmente en relación con la tutela del de los derechos de la personalidad y a la presunción de inocencia de los procesados; y sobre la función de las autoridades reguladoras del audiovisual para evitar los excesos de la información irresponsable.