El término Responsabilidad de Proteger ha dominado el debate de la intervención humanitaria desde su publicación y origen en el 2001, con el reporte de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (ICISS, por sus siglas en inglés). Es una idea que si bien es compartida por la Comunidad Internacional en mayor o menor medida, en el sentido de la necesidad de asegurar el derecho a la vida e integridad de las personas como fin último del sistema internacional de protección a los derechos humanos, el término no está libre de polémica y no obsta a que se genere gran desconfianza, principalmente en los países débiles e inestables por el posible hecho de que este concepto se transforme en un “Caballo de Troya” a ser usado por las grandes potencias para intervenir a su antojo países y así obtener beneficios non sanctos para sus intereses propios. Por esto es que es necesario un sistema de reglas claras que por un lado aseguren la protección a los Derechos Humanos fundamentales de todos los habitantes de nuestro planeta, sin importar nacionalidades y, por el otro, un límite claro para el ejercicio de este tipo de intervenciones y así prevenir abusos de los países poderosos sobre los débiles.