Desde los años 70 existe un movimiento social que condena la estigmatización y criminalización del intercambio de sexo y dinero. El movimiento está basado en un concepto de derechos de las personas que venden servicios sexuales, porque son ellas, y no los compradores, quienes han estado – hasta hace poco – persiguidas en todos lados del mundo. La persecución viene tanto de las fuerzas del órden público que quieren encarcelarles como de bienpensantes que quieren rescatarles. Entre los dos, y las leyes que les ningunean, los trabajadores del sexo no viven en paz: sobre todos las mujeres y los y las transgéneros y transexuales.