La empresa pública queda sujeta como cualquier contribuyente del Impuesto sobre Sociedades a la normativa sobre operaciones vinculadas. La falta de consideración de sus muchas particularidades en una regulación no dirigida primordialmente a las empresas dependientes de las administraciones produce inseguridad jurídica y problemas que no son fáciles de abordar en el marco de la legislación vigente. El presente artículo recoge algunas de estas situaciones y ofrece algunas opiniones y líneas interpretativas para llegar a una solución adecuada, al objeto de evitar la exposición de dichos contribuyentes a controversias que no responden a ánimo alguno de evitar el impuesto ni sus obligaciones formales.