La adopción de la Decisión Marco 2002/584/JAI (DM ODE) y la correlativa instauración de la Orden Europea de Detención y Entrega (ODE), supuso un punto de inflexión en el desarrollo del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Este instrumento, el primero basado en el principio de reconocimiento mutuo en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, sustituyó a los clásicos procedimientos de extradición que hasta entonces regían las relaciones entre los Estados miembros de la UE, por un nuevo procedimiento ágil, simplificado, y basado en el intercambio directo entre autoridades judiciales competentes. A pesar de que existen voces en las instituciones europeas que abogan por su modificación , especialmente tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, lo cierto es que hasta la fecha no existe ninguna propuesta formal de la Comisión para sustituir la actual DM ODE por una nueva directiva o reglamento. Recientemente cumplido el veinte aniversario desde su adopción, el texto original de 2002 —en su versión consolidada tras las modificaciones introducidas en 2009 — sigue siendo el vigente actualmente. Ello comporta una serie de ventajas evidentes: existe una ingente cantidad de literatura científica y documentación sobre la ODE; una práctica profesional consolidada en todos los Estados miembros en relación con estos procedimientos; y, fundamentalmente, una más que nutrida jurisprudencia nacional y europea interpretando los preceptos de la DM ODE de acuerdo con los principios y valores fundamentales nacionales y de la Unión Europea. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuya interpretación del instrumento comenzó tempranamente con su sentencia Advocaten voor de Wereld , se erige como el principal garante de su interpretación conforme al actual Derecho de la Unión, buscando el balance entre la efectividad del instrumento y el debido ejercicio de los derechos fundamentales y garantías procesales de las personas reclamadas . La búsqueda de este balance, realizada principalmente a través del procedimiento prejudicial del art. 267 TFUE y a solicitud de los propios órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, le ha llevado a interpretar cuestiones tales como los límites de la aplicación del reconocimiento mutuo, la creación de conceptos autónomos sobre la base del instrumento, o su aplicación garantista a la luz de la Carta de Derechos Fundamentales (CDFUE). Sobre esta premisa, la presente aportación se centra en el análisis de la evolución del instrumento a través de la jurisprudencia del TJUE. En concreto, el estudio se circunscribe a tres ámbitos específicos y considerados particularmente relevantes en la actualidad: la aplicación de la doble tipificación como motivo de denegación potestativo, la invocación del riesgo de vulneración de derechos fundamentales como motivo de denegación implícito, y los límites de la respuesta jurisdiccional del TJUE en relación con los procedimientos de entrega.

El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación nacional “Proceso penal y Unión Europea. Análisis y propuestas” (Ref. PID2020-116848GB-I00).

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