Es ya un lugar común la afirmación de que en los últimos treinta años, año más año menos, nuestro Derecho Constitucional, y con él todas las ramas del Derecho, han sufrido una profunda transformación en España. Esa transformación, como es lógico, tiene su cau-sa básica en la aprobación de la Constitución en 1978. En el caso de nuestro país, como también es obvio, la nueva Constitución no sólo supuso un cambio más o menos formal en la cúspide del ordenamiento, y por tanto, de todo éste; la Constitución de 1978 re-presentó una modificación de las propias bases ideológicas de la organización del Estado: atrás quedaba la Dictadura y se entraba de nuevo en la senda constitucional, que, aunque inestable en nuestra historia, existió, y nos incorporaba a la realidad cultural y política del entorno europeo.