El sistema democrático español, al igual que el resto de los países de su entorno, ha estado sujeto a graves tensiones desde la crisis económica de 2008 que en parte perduran hasta la actualidad y cuyos precedentes pueden remontarse al período de la transición política. No obstante, cabe afirmar que los riesgos de que España se convierta en un régimen iliberal son menores, siempre que su entramado institucional se mantenga robusto y la situación económica permita prolongar su cohesión social, para evitar derivas de polarización ideológica.