La organización y provisión de ciertos bienes y servicios de competencia de la Administración pública por parte de gestores privados no son asuntos nuevos en los sistemas jurídicos de tradición romano-germánica ni en la doctrina que explica el régimen aplicable. No obstante, impulsadas por las prácticas especialmente desarrolladas desde los requerimientos del mercado financiero internacional, en la última década, se han concretado reformas legislativas para introducir, con la denominación de «asociaciones público privadas» (las «APP»), los estándares de un modelo internacional que se muestra como paradigma de eficiencia en la preparación e implementación de proyectos de infraestructura y servicios públicos con participación privada. Las APP son un instrumento de gestión y también de financiación de la actividad pública cuya relevancia se ha acrecentado en circunstancias en las que, por una parte, los presupuestos públicos sufren importantes restricciones y, por otra, las demandas sociales se incrementan en relación con la provisión de servicios que se estiman básicos e imprescindibles y, además, no ha variado la necesidad de cubrir la brecha de inversión en infraestructura de calidad por su correlación con el crecimiento económico y el bienestar de la comunidad. A partir de ello, sostengo que el Derecho Financiero Público tiene un ámbito mucho mayor al del estudio del régimen aplicable a los ingresos y gastos públicos, porque es posible observar subsistemas jurídicos destinados a disciplinar otras fórmulas de financiación de la actividad pública que rebasan los límites del presupuesto público como instrumento central de la actividad financiera del Estado...