El artículo 31 de la Constitución española (CE) contiene una serie de principios tributarios que intentan ser efectivos en el plano de la configuración y aplicación concreta de los distintos gravámenes existentes. Es decir, no son una declaración formal de principios sino el establecimiento de disposiciones materiales que obligan a plasmar en la realidad un sistema tributario justo. En este sentido, la Administración tributaria se ve interpelada por estos principios al ejercer las potestades con las que cuenta para hacer efectivo el sistema fiscal y para controlar el fiel cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.

Artículo publicado en la Revista de Derecho de la Universidad de Piura (REDUP), nº 9, 2008, págs. 177-204.