La responsabilidad bancaria contractual es regulado en el marco del derecho privado, su uso se circunscribe en exclusiva a tratar la relación entre las entidades financieras y sus usuarios. En este contexto, la incorporación de nuevas tecnologías de la información (TIC’s) en el sector bancario, emerge desafíos, particularmente en términos de seguridad y protección de los usuarios financieros. Precisamente, uno de estos desafíos es el denominado fraude electrónico, como manifestación de las nuevas tecnologías el cual se presenta en diversas modalidades, como el "pharming", una forma de ataque cibernético destinada a sustraer sumas de dinero de cuentas de ahorros. Bajo esta tesitura, el fraude permea el tópico de la responsabilidad civil contractual de las entidades financieras teniéndose que regular la forma de las obligaciones financieras ante casos de responsabilidad civil en el escenario de las transacciones electrónicas. Así las cosas, se hace necesario examinar tanto la normativa aplicable como la jurisprudencia, para determinar la modulación existente entre la praxis y la teorías jurídicas, en aras de encontrar los vectores de interpretación que frente al contrato de depósito pueden configurarse para determinar la responsabilidad, ya sea, en cabeza del consumidor financiero o de la entidad financiera. De ahí que, en Colombia, el título jurídico de imputación para los casos de fraude por "pharming" que resultan en la sustracción de dinero de cuentas de ahorro no está definido con claridad. Esta falta de definición genera una inseguridad jurídica, en donde el operador jurídico se le dificulta determinar cómo juzgar estos casos y bajo qué criterios establecer la responsabilidad (objetiva o subjetiva) de las partes involucradas. Por esta razón, es esencial abordar la laguna jurídica que rodea al fraude electrónico, particularmente en su modalidad de "pharming". Dada la creciente incidencia de estos delitos, es fundamental que tanto la normativa aplicable como la jurisprudencia proporcionen criterios coherente que guíen la determinación de la responsabilidad, ya sea en la modalidad objetiva o subjetiva. Lo anterior, permitirá una mayor certeza tanto para los usuarios bancarios como para las entidades financieras, lo que, por ende, facilita la protección efectiva de los derechos y la seguridad de todas las partes involucradas en las transacciones electrónicas.

Contractual banking liability is regulated within the framework of private law, its use is limited exclusively to dealing with the relationship between financial entities and their users. In this context, the incorporation of new information technologies (ICTs) in the banking sector, challenges emerge, particularly in terms of security and protection of financial users. Precisely, one of these challenges is the so-called electronic fraud, as a manifestation of new technologies which occurs in various forms, such as "pharming", a form of cyber attack aimed at stealing sums of money from savings accounts. Under this situation, fraud permeates the topic of contractual civil liability of financial entities, having to regulate the form of financial obligations in cases of civil liability in the scenario of electronic transactions. Thus, it is necessary to examine both the applicable regulations and the jurisprudence, to determine the existing modulation between praxis and legal theories, in order to find the vectors of interpretation that in the face of the deposit contract can be configured to determine liability, either in the head of the financial consumer or the financial entity. Hence, in Colombia, the legal title of imputation for cases of "pharming" fraud that results in the theft of money from savings accounts is not clearly defined. This lack of definition generates legal uncertainty, where the legal operator finds it difficult to determine how to judge these cases and under what criteria to establish the responsibility (objective or subjective) of the parties involved. For this reason, it is essential to address the legal loophole surrounding electronic fraud, particularly in its form of "pharming." Given the growing incidence of these crimes, it is essential that both the applicable regulations and jurisprudence provide coherent criteria that guide the determination of responsibility, whether in the objective or subjective modality. The above will allow greater certainty for both banking users and financial entities, which, therefore, facilitates the effective protection of the rights and security of all parties involved in electronic transactions.

Universidad Libre, Facultad de Derecho, Maestría en Derecho Privado y de los Negocios