La constitución de la Corte Penal Internacional como máximo órgano jurisdiccional penal complementario o residual del ius puniendi de los más de 120 Estados signatarios del Estatuto de Roma, entrañó la adopción de un procedimiento penal universal que contuviera principios comunes mínimos de los sistemas de juzgamiento imperantes, al menos en la cultura occidental, siendo estos el civil law y el common law. Así mismo erigiéndose como una justicia supranacional supletoria en cabeza de un autónomo sujeto de derecho internacional, se coligen de su Estatuto los requisitos que han de concurrir para que esta pueda abrogarse la competencia de investigación y juzgamiento de las conductas consideradas crímenes internacionales, facultad que llamaremos ejercicio de la acción penal internacional (API).