Ningún país es invulnerable ante el crimen organizado. Un problema que tradicionalmente había sido de orden público, se ha transformado, en el último siglo, en una amenaza que puede poner en peligro la viabilidad de las sociedades, la independencia de los gobiernos, la integridad de las instituciones democráticas y el funcionamiento de la democracia. No pretende subvertir el poder democrático establecido, sino ponerlo a su servicio, laminando considerablemente la idea de democracia y su práctica política. A sensu contrario, el Estado constitucional de derecho, el constitucionalismo y la democracia, representan la antítesis del poder criminal, disponiendo de las herramientas y medios necesarios para su contención y control.