Este estudio trata de poner de manifiesto las repercusiones prácticas que en el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio se derivan de los dictados del artículo11 LIP, que contiene las reglas de valoración de los bienes y derechos afectos a una actividad empresarial o profesional. La aplicación práctica de este precepto conlleva una serie de consecuencias y relevancias jurídico-tributarias que no se pueden desconocer, provocando que puedan aflorar conductas que dudosamente debieran ser calificadas de economías de opción, injustificados desajustes valorativos e, incluso, mutaciones de valor en los elementos susceptibles de gravamen, consecuencias todas éstas motivadas por la decisión de afectación de elementos patrimoniales a una actividad económica y que dependen, en última instancia, de la llevanza o ausencia de contabilidad.