La irrupción de internet y las nuevas tecnologías ha supuesto la aparición de nuevos problemas en la protección jurisdiccional civil de los derechos fundamentales, en concreto, de los derechos de la personalidad reconocidos en el artículo 18 de la Constitución española. Cuestiones como la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación o la determinación del tribunal competente y de la ley aplicable en aquellos supuestos con elementos transfronterizos requieren una respuesta que los instrumentos tradicionales que regulaban esta cuestión no facilitaban. La importancia de las normas del derecho de la Unión Europea deriva del carácter transnacional de internet y de la necesidad de dar soluciones uniformes en los Estados miembros a cuestiones que tienen trascendencia en el mercado único de servicios digitales y en el reconocimiento de un estatus a los ciudadanos comunitarios acorde con las exigencias de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.