La trata de seres humanos puede considerarse como uno de los delitos más devastadores por sus efectos para las víctimas, que afecta de uno modo desproporcionado a mujeres y niñas de todo el mundo. Esta situación se ha visto en cierto modo agravada por las consecuencias del confinamiento impuesto por la covid-19, apuntándose, derivado de ello, unos nuevos patrones de actuación por los victimarios. Aunque es pronto para evaluar el impacto de la pandemia en los delitos, especialmente los de connotación sexual y que afectan a víctimas especialmente vulnerables, ya existen informes que alertan sobre la modificación de patrones en la trata. Estas modificaciones se deben al empleo cada vez más eficiente, por parte de los tratantes, de las redes sociales para la captación de las víctimas, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las ventas de mujeres y niñas, así como su control, y la explotación de estas en instalaciones privadas que incide en la mayor invisibilidad y la reducción de las posibilidades de identificación. Estos factores, unidos a la constatación de que no se hacen suficientes esfuerzos en la consideración de la trata de mujeres para la explotación sexual en su aspecto como delito de género y a que persiste la impunidad de los autores, con un bajo número de enjuiciamiento y de condenas, confluyen en que deba hacerse un estudio pormenorizado de las prácticas procesales en los delitos seguidos por la trata. Muy especialmente, los seguidos por la trata sexual de mujeres por su enorme incidencia, con el apoyo de la Guía de criterios de actuación judicial frente a la trata de seres humanos, editada por el Consejo General del Poder Judicial en el año 2018, que constituye una ayuda no solo en la comprensión de toda la dimensión del fenómeno, sino también en la instrucción y enjuiciamiento de los delitos.