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Consumada la independencia, se intentó establecer, en el recién inaugurado país, un sistema de gobierno denominado Imperio mexicano, a cuyo proyecto se sumaron las esperanzas de un pueblo optimista con la independencia, pero fatigado por una larga contienda de once años, la cual había desangrado la economía virreinal y arrasado con buena parte de los bienes públicos y privados a lo largo y ancho del territorio de la nueva nación. Uno de los retos del nuevo gobierno fue instrumentar métodos de control presupuestal y, a la vez, penalidades de orden jurídico o castigos para aquellos funcionarios o representantes del nuevo régimen que soslayaran o infringieran las disposiciones imperiales o en casos extremos lucraran con el patrimonio de la hacienda pública; para el efecto, hubo de inicio que basarse en los antiguos sistemas de control heredados y, sobre la marcha, intentar poner en práctica instrumentos de control jurídico administrativo.