El procedimiento administrativo penal —o sea: la aplicación de penas mediante un decreto extrajudicial— es una institución muy antigua en el Derecho Canónico, pero el Código de 1983 lo postergó frente al proceso criminal de índole judicial, más garantista pero también más complejo. Sin embargo, en las últimas décadas, ha experimentado un nuevo auge a través de la aprobación de múltiples normas extra-codiciales que han incrementado la complejidad de este procedimiento que se caracteriza, en el fondo, por las notas de sencillez y rapidez. Su renovada actualidad, pues, y especialmente su utilidad para resolver algunos de los problemas más acuciantes que debe afrontar hoy en día la Iglesia, urgen a acometer un análisis de conjunto del procedimiento administrativo penal, poniendo el acento en sus potencialidades futuras y en el papel que está llamado a desempeñar en el ordenamiento canónico del siglo XXI.