En el presente artículo se expondrán los criterios que han sido desarrollados en la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano en torno a la no devolución de dinero que fue pagado en exceso por parte de la Administración Estatal; en este se describe cómo opera el Principio General del Derecho de la buena fe; para tal fin se realizó un estudio de las sentencias que este alto Tribunal ha proferido en los últimos diez años; es decir, en el periodo comprendido entre el año 2007 y 2017, lapso en el que han proliferado decisiones judiciales que resuelven este tipo de pretensiones alzadas por las entidades estatales, específicamente al ser incoado el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual ha sido denominado por varios autores como acción de lesividad. El efecto en el patrimonio del Estado no es tenido en cuenta en las decisiones judiciales, dado que existe un enriquecimiento y un correlativo empobrecimiento del tesoro público, siendo sin más la causa, el error de la Administración al reconocer y entregar dinero adicional a los particulares; en todo caso, no puede aceptarse la aplicación de la presunción de buena fe cuando se ha obtenido lucro a través de una acción reprochable; sin embargo, para que el juez contencioso ordene devolver sumas de dinero por parte de los particulares, prima el aspecto subjetivo con el cual actuó el particular para recibir esos beneficios económicos.