Pensar la seguridad desde una dimensión integral y garantista de todas sus dimensiones resulta imprescindible para intervenir en cada uno de los aspectos que hacen posible que la persona se sienta a salvo de riesgos y amenazas ciertos o potenciales. Tratándose de un concepto evolutivo y rápidamente cambiante, el Estado, como responsable primario de su protección —por cuanto es un derecho inherente a la personalidad humana—, asume un rol de liderazgo imprescindible para construir una política de Estado sostenible, medible, participativa y flexible, capaz de recibir los ajustes y cambios que las variables intervinientes en hechos de violencia o vulneración determinan durante su aplicación, en forma oportuna y transdisciplinaria. Explorar y construir un concepto abarcador de seguridad humana amplía la visión de los operadores del derecho, los campos de intervención posibles y la participación de varios actores sociales en la cadena de causalidad de los hechos que generan inseguridad, y extiende la protección al hábitat, la cultura y aun a los fenómenos externos al Estado. Por esa razón, en el presente trabajo se reflexiona desde el derecho, desde la persona humana y desde la realidad social de nuestro país para propiciar un concepto omnicomprensivo que facilite un cambio más que necesario.