Esta contribución analiza esquemáticamente la regulación de las declaraciones responsables y de las comunicaciones que contiene el Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (I) y realiza una valoración crítica de la misma (II). En particular, se subrayan las deficiencias del régimen de control (II.A); se critica la posible supresión de las comunicaciones con potestad de veto (II.B); se destacan las carencias que se advierten (II.C); y se cuestiona que una ley de procedimiento administrativo sea la sede idónea para regular la materia (II.D).