El autor centra sus reflexiones en la entrada en vigor del Estatuto de Roma que pone en funcionamiento a la Corte Penal Internacional. El artículo particulariza el debate a la situación de México, y analiza en forma exhaustiva, enriquecida con una amplia bibliografía, las posturas que se encuentran en la mesa de discusión acerca de la ratificación o no del Estatuto de Roma, sobre todo por las implicaciones que esta ratificación traería al régimen constitucional