Que México cuente con un Tribunal Constitucional como órgano de control y defensa constitucional, autónomo del Poder Judicial de la Federación, garante del orden constitucional y protector de los derechos fundamentales, es la premisa principal del autor. Por ello, al mismo tiempo que siguen adelante las nuevas formas de organización y expresiones democráticas, el derecho debe empujar o al menos acompañar al cambio, motivo por el cual deberá profundizarse en la "transición" judicial como elemento de los cambios generales del marco institucional y social, y como detonador de las siguientes etapas del proceso democratizador. El autor comparte la unidad de la jurisdicción sosteniendo que al Poder Judicial deben integrársele los tribunales administrativos, pero con todas sus consecuencias y no nada más con la simple enunciación de su incorporación.