La Constitución Política colombiana de 1991 se adscribe a una iusteoría antiformalista, por la cual el derecho tiene una naturaleza abierta que debe ser complementada por las interpretaciones auténticas de los jueces constitucionales. Tal es el caso del derecho a la protesta social en Colombia, el cual es una construcción judicial auténtica que establece los lineamientos para que las autoridades garanticen este derecho desde el alcance dinámico de la manifestación social y se eviten abusos de poder por parte del Estado. Así, se trata de un nuevo derecho fundamental que rompe paradigmas y tiene la vocación de materializar los principios democráticos desde la realidad social.