La salud es un derecho humano fundamental. Las personas con discapacidad intelectual y sus familias afrontan una gran cantidad de barreras cuando acceden a los servicios sanitarios. La falta de acceso a estos servicios coloca a las personas con discapacidad intelectual en serias desventajas sociales. Las barreras que las personas con discapacidad intelectual encuentran en los servicios sanitarios les hacen más vulnerables a la enfermedad. Los profesionales de los hospitales y centros de salud saben poco sobre las personas con discapacidad y tienden a valorarlos desde un punto de vista medico que promueve una visión negativa de las personas con discapacidad intelectual. Estos son los principales hallazgos del proyecto “yo también digo 33” que se ha centrado en el estudio de las necesidades de las personas con discapacidad intelectual cuando acceden a los servicios de salud.