La expansión por todo el planeta de la pandemia COVID-19 ha instalado una nueva realidad socioeconómica global de consecuencias todavía impredecibles. La virulencia de la enfermedad, sumado a la precariedad de los saberes y de los recursos orientados a su adecuado manejo, obligó a la mayoría de los gobiernos del mundo a tomar inéditas medidas de confinamiento social obligatorio. Estas medidas han permitido disminuir los contagios, evitar el colapso de los sistemas sanitarios y preservar vidas. Sin embargo, al mismo tiempo el confinamiento de gran parte de la población mundial ha paralizado la actividad económica generando una contracción que se estima la más severa desde la Gran Depresión. En este contexto, la Argentina no ha sido una excepción. Las medidas de aislamiento social obligatorio, en el marco de la emergencia sanitaria, han tenido un impacto regresivo a nivel productivo, laboral y social, así como para los actores gremiales que regulan la dinámica de acumulación, el empleo y la distribución del ingreso. No escapa a la realidad nacional que esta crisis mundial golpea duramente a una sociedad afectada no sólo por desigualdades estructurales, atravesada por sistemas de empleo, salud y seguridad social fuertemente segmentados, sino además por una acumulación de estancamiento, alta inflación, déficit fiscal, crisis de deuda, desempleo estructural y pobreza crónica; todo lo cual se agravó con la irrupción de la pandemia y las políticas de prevención, sin que exista todavía un claro horizonte de solución sanitaria y recuperación económica...