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Resumen: Tradicionalmente los espacios áulicos se han caracterizado por ser cerrados, por establecer jerarquías rígidas docente-alumno, y por basarse fundamentalmente en la enseñanza sincrónica suplementada por las ‘tareas’ o ‘deberes’ para el hogar asincrónicos y en la evaluación individual de los estudiantes. En las últimas dos décadas, la llegada de nuevas tecnologías ha cambiado la forma en las que nos relacionamos con la información y la noción de ‘saber’. En el aula, la inclusión progresiva de nuevas tecnologías ha influido en los estilos pedagógicos; actualmente, se pone un mayor énfasis en los medios visuales como transmisores de información, se busca una buena articulación entre las actividades sincrónicas y asincrónicas, y se promueve la evaluación no solo individual, sino también grupal (Sáez, 2019). La educación virtual ha tendido a ser vista como complementaria a la educación presencial. Un buen ejemplo de este proceso son las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que han sido concebidas como dispositivos específicos que pueden insertarse dentro de mecanismos pedagógicos tradicionales (Expósito & Marsollier, 2020). Este proceso de penetración y adaptación gradual se ha visto acelerado muy fuertemente en los últimos dos años debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia COVID-19. Frente a la necesidad de mantener el proceso educativo durante el aislamiento, el Ministerio de Educación brindó libertad para que se reprogramen o se propongan distintos planes de continuidades pedagógicas en todos los niveles de enseñanza (Fernández Aprile, 2020). El resultado es que, en el bienio pasado, la educación virtual alcanzó el máximo nivel de su capacidad, apoyada fundamentalmente en el uso de las redes sociales que permitieron sostener los vínculos dentro de la comunidad educativa y dar oxígeno a los procesos de aprendizaje (Expósito y Marsollier, 2020).

Resumen: Se estima que, en Argentina, dependiendo de la definición de la pobreza que se adopte (monetaria o por privaciones en el ejercicio de derechos), entre 47% y 60% de la infancia entre 0 y 17 años vive en situación de pobreza o indigencia y residen en asentamientos o villas (Tuñón, 2020; Tuñón y Poy, 2019). Se ha verificado que ser pobre por ingresos o indigente incrementa de manera notoria las posibilidades de padecer malestar psicológico y experimentar poca satisfacción con la vida (Bonfiglio et al., 2020). Con el fin de mejorar las competencias emocionales y sociales y de promover la resiliencia de personas que viven en situación de pobreza o vulnerabilidad, se aplicó un programa de intervención en referentes comunitarios de estos barrios, cuyo objetivo fue el desarrollo de competencias que contribuyeran a su rol de liderazgo social. El programa se aplicó unos meses antes de que se declarara la pandemia por Covid-19 y participaron casi 50 líderes, referentes y educadores sociales de cinco organizaciones de base comunitaria de barrios vulnerables del conurbano bonaerense. Se les brindó un marco de contención y herramientas de gestión emocional que mostraron ser valiosas entonces y, especialmente, durante la pandemia.

Este capítulo tiene como objetivo dar cuenta del impacto, en algunos indicadores socioocupacionales, de la crisis económico-sanitaria desatada por las restricciones a la producción, la comercialización y la prestación de servicios que debieron implementarse en la Argentina para enfrentar el covid-19. Como se señaló en la introducción, la irrupción de los casos de covid-19 en la Argentina, en marzo de 2020, se generó en un contexto previo de desigualdades estructurales del mercado de trabajo y de la estructura productiva de las cuales nuestro país no pudo salir en las últimas décadas. Desde 2016 las medidas de ajuste macroeconómico, el contexto internacional adverso, la política de elevada inflación, la insuficiente inversión privada y la limitada inversión pública en el marco de un incremento del déficit han generado un escenario recesivo y desfavorable en materia de empleo. Entre 2017 y 2019 se suman a esta situación, estructuralmente adversa, los efectos recesivos del proceso de devaluación, las implicancias que generó una abultada deuda pública y la posterior aceleración de la inflación que produjo pérdida en los ingresos y en la capacidad de consumo de los hogares (Beccaria y Maurizio, 2012; Benza y Kessler, 2020; Neffa, 2020; Bertranou y otros, 2013; Poy, 2019; Salvia, Fachal y Robles, 2018)...

Resumen: Pobreza e indigencia por ingresos: En materia de pobreza por ingresos, para el período pre-post-COVID-19 (2019-2021) se confirma una tendencia sin grandes cambios para el Gran Mendoza, mientras que a nivel total urbano nacional parece observarse una mejora. En particular, los hogares del Gran Mendoza no parecen experimentar cambios significativos en materia de pobreza ni indigencia monetaria en los últimos períodos. Al analizar la población alcanzada puede observarse una leve tendencia al alza, lo que estaría implicando que los más afectados son los hogares de mayor tamaño. En el año 2021, los ingresos de más de 4 de cada 10 habitantes de Gran Mendoza no cubrían la Canasta Básica Total de pobreza, entre los cuales, casi 1 de cada 10 sufría de pobreza extrema, es decir, sus ingresos no cubrían la Canasta Básica Alimentaria de indigencia. De este modo, las tasas de indigencia y de pobreza en Gran Mendoza habrían alcanzado registros similares a la media del total urbano nacional. Carencias no monetarias Al incorporar al análisis el riesgo de experimentar carencias no monetarias que afectan a la población para determinar su vulnerabilidad en cuanto a derechos sociales, económicos y ambientales, es evidente que Gran Mendoza presenta indicadores significativamente más positivos que la media nacional, pero de una manera dispar. Del análisis surge que los riesgos de sufrir al menos 1 o 2 o más carencias sociales se reducen en Gran Mendoza de manera importante, pero no así para la población con mayor exclusión estructural (3 o más carencias) que son los más afectados. -- Pobreza multidimensional: La pobreza multidimensional, metodología adoptada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, no cambia significativamente en Gran Mendoza para el año 2021, aunque se observa una leve mejoría respecto al período anterior. La pobreza por ingresos -debido a la inflación y el crecimiento del empleo precario- es el factor que explica que no se hayan registrado mejoras en el desarrollo humano integral. En el caso de la pobreza multidimensional estructural la tendencia al alza es más evidente, agravando la situación de los que ya eran pobres extremos. Esto estaría asociado principalmente al empeoramiento en los ingresos de aquellos hogares de mayor tamaño, que habrían sido los más pobres y vulnerables durante y post crisis COVID-19. En el Gran Mendoza sólo 4 de cada 10 hogares no presentan pobrezas de ningún tipo, ni monetarias ni de derechos. Los restantes 6 de cada 10 hogares exhiben algún tipo de déficit en materia de pobreza, especialmente los de más pobres, en los que se observa un lamentable deterioro, en un contexto macroeconómico altamente inestable, inflacionario y que no genera empleos formales a nivel de las pequeñas, medianas y grandes empresas. -- Estructura social del empleo: En el Gran Mendoza aumenta tanto la tasa de actividad como la de empleo. A pesar de esta mejora, hay cambios en la composición de los ocupados ya que se registra una mayor recuperación en los empleos precarios de baja calidad, sobre todo, a nivel del sector informal. Por lo tanto, si bien hay recuperación de la actividad, se observa una débil creación de empleo formal registrado, con aumento del empleo informal autónomo o asalariado no registrado

En el mes de abril del año 1981, se celebró en Florencia, Italia, lo que se llamó la First International Conference on Logic, Informatics, Law. En este congreso, expositores de todo el mundo se preguntaron si era posible que las computadoras pudieran razonar jurídicamente. El único acuerdo al que llegaron los asistentes fue que el problema solo podría resolverse luego de experimentar con las computadoras y observar su comportamiento2. Desde entonces, hasta el año 2020, la informática aplicada al Derecho avanzó de manera constante, aunque lentamente. Sin embargo, la reciente pandemia aceleró muchos de los cambios en la digitalización de los procesos judiciales. Las computadoras todavía no razonan jurídicamente de manera autónoma, como soñaban los expositores del congreso; pero sí se desarrollaron otros muchos avances. La vertiginosidad de los últimos cambios, acontecidos durante la pandemia, no nos dio demasiado tiempo para reflexionar sobre ellos; justamente lo contrario de lo que había sucedido con muchas de las novedades anteriores que demoraron años. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires y en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció el sistema de notificaciones electrónicas en diciembre de 2011 (Acordada 31/2011); pero recién resultó obligatorio su uso en mayo de 20153. En contraste, en abril de 2020, la Corte implementó la presentación de escritos con firma electrónica (Acordada 12/2020) y, a las pocas semanas, todos los usuarios del sistema estábamos presentando escritos con ese método. Si bien comenzamos a utilizar las nuevas herramientas sin cuestionarlas demasiado, muchas personas sí se detuvieron a analizarlas e incluso a adelantarse a los futuros cambios en el trámite de los expedientes judiciales. A modo de ejemplo, puedo citar los siguientes trabajos en español: “Acceso a justicia en el contexto del COVID-19: desafíos y estrategias en el uso de tecnologías para los servicios de acceso a justicia”, de Karina Carpintero4; “América Latina y la modernización judicial en tiempos de pandemia”, de Luis María Palma5; “Justicia civil post-coronavirus, de la crisis a algunas de las reformas que se avizoran”, de Silvia Barona Vilar6; “Justicia digital post-covid19: el desafío de las soluciones extrajudiciales electrónicas de litigios y la inteligencia artificial”, de Fernando Martín Diz7; “Justicia y COVID-19: de la digitalización impuesta a la transformación necesaria”, de Mario Adaro8; “La garantía de acceso a la justicia en un caso con elementos extranjeros en tiempos de COVID”, de Nieve Rubaja y Carolina Iud9; y “La Justicia Digital en Argentina en tiempos de pandemia. Su nueva visión hacia un Estado Digital de Derechos”, de Patricio Maraniello...

Resumen: En este trabajo se parte desde una perspectiva multidimensional de la pobreza, tanto en lo que respecta a su medición como a distintos aspectos de su conceptualización. En esta línea, adherimos a un consenso cada vez más amplio respecto a que para dar cuenta de las condiciones de bienestar se requiere una mirada que abarque factores que excedan los ingresos como medida última y que incorporen otros factores que permitan ampliar la mirada en este sentido. Esta perspectiva abre distintas líneas de análisis entre las cuáles podrían destacarse las dinámicas de acumulación de privaciones que llevan a configurar situaciones de pobreza de mayor severidad, los vínculos que se establecen entre las carencias asociadas a distintas dimensiones o el carácter distintivo que puedan asumir las desigualdades entre estos aspectos. Buscando enmarcar este trabajo dentro de esas discusiones tomando en consideración el contexto Covid 19 se propone: Analizar de la incidencia de las privaciones de derechos tanto desde la intensidad que asumen como desde las brechas presentes entre distintos estratos socioeconómicos para la argentina urbana entre los años 2019, 2020 y 2021; Evaluar las transiciones entre grupos con distintos grados de privación y vulnerabilidad a partir de como se configuran carencias monetarias y no monetarias. El análisis se llevará a cabo a partir de matrices de transición y análisis de composición de los grupos estudiados a partir de análisis de paneles de la EDSA (Encuesta de la Deuda Social Argentina) para los años 2019/2020 y 2020/2021; Determinar los factores que incidieron en las entradas y salidas de la situación de pobreza multidimensional entre los años 2019/2020 y 2020/2021, considerando aspectos demográficos, estructurales y asociados a eventos relativos a la situación de los ingresos y de otros aspectos vinculados a la bienestar.

Resumen: Las crisis se han convertido en un elemento constante en la vida de las personas y cada vez son más frecuentes. Sean sanitarias, políticas, económicas, sociales, ambientales o internacionales, hace mucho tiempo que el mundo no conoce la tranquilidad. No es casualidad entonces que, a aproximadamente un año de haber comenzado la pandemia del Covid-19, Mario Riorda y Silvia Bentolila lanzan “Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara: aprender de las crisis” con el objetivo de echar luz sobre estos fenómenos que ya son parte de nuestra vida cotidiana. El libro cuenta con nueve capítulos, en los cuales los autores presentan múltiples miradas que, en su transversalidad, son fiel representación del enfoque multidisciplinario que se requiere al abordar la gestión de crisis. A su vez, cada capítulo se configura como un bloque autónomo lo que permite su lectura en la sucesión que uno elija, pero los mismos autores recomiendan leerlos en el orden en el que aparecen.

Las páginas que nos preceden han puesto en evidencia, a partir de la construcción de información estadística bajo un enfoque teórico-metodológico compartido, el fuerte y desigual impacto que tuvo la pandemia de covid-19 sobre casi todos los indicadores sociales y laborales y, en consecuencia, sobre las condiciones de bienestar y de reproducción de los hogares. Las limitaciones a la circulación de las personas durante las diversas fases de aislamiento y distanciamiento social provocaron transformaciones en la demanda de fuerza de trabajo, de bienes y servicios, pero también en la oferta. Los requerimientos de cuidados se colocaron en el centro de la escena ante la falta de disponibilidad de los servicios a los que recurren las familias para el cuidado de las personas menores de edad y de los adultos mayores, así como de quienes necesitan atenciones especiales. La necesidad de internalizar en el hogar múltiples actividades productivas y reproductivas tensó la vida cotidiana de las familias, con un peso particular sobre las mujeres. En síntesis, de un día para otro se vieron trastocadas las dimensiones centrales de la reproducción social: el mercado de trabajo y los cuidados. Este libro aportó elementos para comprender cómo estos fenómenos –que, sin duda, se han verificado en casi todos los países del mundo– se procesaron en el marco de una sociedad atravesada por condiciones de fragmentación estructural. Las restricciones de movilidad impuestas como parte de las políticas sanitarias afectaron en forma directa el desempeño del mercado laboral, como se señala en el capítulo 2, a cargo de Eduardo Donza. Pero lo hicieron con mayor ímpetu sobre aquellos puestos del sector microinformal y, en menor grado, sobre los empleos de menor calificación del sector formal, que no podían realizarse de forma remota...

La imposibilidad de emprender un sendero de crecimiento equilibrado que supere pobrezas crónicas y desigualdades estructurales que atraviesan a la sociedad argentina no parece constituir un fenómeno accidental. Al respecto, son extensas las investigaciones que describen los alcances de ese derrotero, así como los tratados acerca de cómo superar este fracaso y avanzar hacia modelos de desarrollo con convergencia social. Sin embargo, no existe un único diagnóstico, ni mucho menos una compartida perspectiva alrededor del qué hacer para superar nuestro fallido modelo de desarrollo. En este marco, diferentes programas de modernización de orientación ortodoxa o heterodoxa han tenido más de una oportunidad para construir las soluciones prometidas, al mismo tiempo que el manifiesto fracaso de estos intentos ha sumado complejidad al problema. Cada uno continúa acusando al otro de ser la causa de todos los males y demandando una agenda de reformas estructurales. Por ello, descifrar los procesos sociales que se esconden detrás de esta situación constituye un tema relevante de investigación. De manera paradójica, cabe observar que nuestro desarrollo fallido no puede ser imputado a la falta de agentes capitalistas –nacionales o internacionales– interesados en la acumulación, ni tampoco a la ausencia de voluntades y de condiciones –nacionales o mundiales– favorables a que se despliegue –con más o menos regulaciones– el capitalismo de mercado (Cepal, 2011, 2014, 2016c). Y que, con cada nuevo experimento político-económico, el aumento de las asimetrías sociales gana tanto vigencia como complejidad...

El problema de la desigualdad en el acceso y el uso de las tecnologías digitales comenzó a plantearse hacia fines del siglo pasado, y se complejizó al tiempo que las tecnologías de la información y de la comunicación se fueron desarrollando y expandiendo a nivel global (Hoffman y Novak, 1998; De Marco, 2017; Van Deursen y Van Dijk, 2014). La pandemia de covid-19 impuso un nuevo contexto. Las medidas de aislamiento y distanciamiento social posicionaron a las tecnologías digitales como herramientas centrales para la organización y mantenimiento de la economía, del sistema educativo, del sistema sanitario y de la sociedad en general. Las diversas tecnologías digitales permitieron teletrabajar, impartir/recibir educación en todos sus niveles, acceder a diversos servicios públicos (como la salud), al tiempo que se incorporaron en actividades sociales y cotidianas donde anteriormente estaban excluidas o no se utilizaban con la misma intensidad (Cepal, 2020; iClaves-Esade, 2021; ITU, 2021; Pedraza Bucio, 2021; Van Deursen, 2020). Datos para América Latina y el Caribe indican que en los primeros dos trimestres de 2020 la utilización de aplicaciones de teletrabajo aumentó un 324%, las de comercio electrónico un 157% y las de educación en línea un 62%. En ese sentido, la conectividad adecuada y el acceso a dispositivos tecnológicos se convirtieron en condicionantes centrales para el ejercicio de la ciudadanía (Cepal, 2020). Se revelaron como un “derecho de intermediación” (Benza y Kessler, 2020) para realizar distintas actividades primordiales que ya mencionamos, como trabajar o educarse, pero también para acceder a la información, la comunicación y la participación política y ciudadana, en tanto las redes sociales digitales conformaron aún más un espacio público para la interacción social. Frente a este panorama, los gobiernos adoptaron diversas medidas en relación con las tecnologías digitales...